agosto 23, 2017

Información pública y rendición de cuentas: de los «qué» a los «por qué»


Una de las riquezas del trabajo de CIMTRA-Ciudad de México, es la capacidad de establecer vasos comunicantes entre la investigación y la elaboración teórica y el trabajo a nivel de banqueta, con los ciudadanos de a pie.

Eso nos permitió participar en los trabajos de armonización de las leyes locales en materia de transparencia con la Ley General, particularmente la del Distrito Federal, con propuestas que hicieran aún más asequible la información pública a la ciudadanía.

El avance en la puesta a disposición de información pública es innegable. Particularmente en la Ciudad de México, las obligaciones de transparencia cubren prácticamente todas las atribuciones de las autoridades gubernamentales, y el órgano garante local, el InfoDF, ha hecho un esfuerzo encomiable en la propuesta de lineamientos y formatería que permite homogeneizar la presentación de datos.

No obstante, acortar la brecha entre el gobierno y la ciudadanía es un reto que está aún pendiente para los distintos actores involucrados, desde las dependencias públicas, las instituciones privadas, la academia y aún la sociedad civil.

Acortar esa brecha supone no solamente la voluntad de disponer la información de manera completa, oportuna y en lenguaje ciudadano. También requiere que la ciudadanía cuente con conocimientos básicos sobre las atribuciones y los procedimientos que involucran el hacer público.

En nuestra experiencia en trabajo de campo, una de las principales limitaciones a la que nos enfrentamos para que la ciudadanía ejerza de manera plena el Derecho de Acceso a la Información (DAI) tiene que ver con su relación con los asuntos públicos, que muchas veces está constreñida a la satisfacción de necesidades básicas de trámites y servicios.

En la satisfacción, o no, de esa necesidad, la relación con las autoridades suele ser de descontento. Es necesario entonces “traducir” la queja en requerimiento de información. La disposición actual de la norma, permite a los ciudadanos acceder a los “qué”: contratos, requisitos, cifras, fechas, etcétera. El acceso a un contrato le permite al ciudadano saber, por ejemplo, que la delegación compró equis cantidad de luminarias en equis cantidad de dinero, pero no si esa cantidad de luminarias es suficiente o si la calidad es adecuada.

Salvo para investigadores y periodistas, la información disponible no satisface a cabalidad la expectativa ciudadana de acceso al hacer público. Los cuestionamientos del ciudadano suelen responder a un afán de entender los cómos y por qués. Cómo se decidió la realización de tal obra, por qué se contrató a tal proveedor y no a otro. En el ejemplo anterior, el ciudadano quiere saber por qué en su calle las luminarias llevan meses apagadas, y en último de los casos, quiere que las luminarias funcionen.

Pongamos por ejemplo la política de Contrataciones Abiertas que desde 2015 lleva a cabo la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y a la que se han sumado diez dependencias. En el sitio dedicado es posible acceder a la información detallada de 328 contratos: Monto del contrato, destino, nombre del contratista, etcétera; también está disponible el documento mismo del contrato, y el estudio de precios de mercado y condiciones ofertadas por las empresas participantes.

El sitio ofrece información para cada una de las etapas: Planeación, licitación, adjudicación, contratación e implementación. Sin embargo, por ejemplo, en la etapa de planeación, solamente está disponible el documento de la autorización presupuestal, que no dice mucho a quien no conoce el significado de las claves presupuestales, y nada, a quien quiere saber la vinculación del contrato de marras con los objetivos de la dependencia o con su impacto en la calidad de vida de la población.

Que no haya duda: Hay que aplaudir estos avances, impulsarlos y difundirlos. También se requiere hacerlos extensivos a otros ámbitos de la vida institucional. La posibilidad de una rendición de cuentas efectiva puede comenzar en los asuntos que son significativos para la ciudadanía, aquellos que tienen que ver con su vida cotidiana.