mayo 10, 2017

Gobiernos locales, la nueva fase de las obligaciones de transparencia


Por Ricardo Joel Jiménez, Colectivo CIMTRA

Actualmente México cuenta con 2 mil 458 municipios, incluyendo las 16 delegaciones (próximamente Demarcaciones Territoriales) de la Ciudad de México. Estos ámbitos de gobierno juegan un enorme papel en la vida nacional en tanto que son la primer instancia de gobierno al cual recurre la ciudadanía para atender y solucionar diversos asuntos de su interés.

Es imprescindible que en el diseño del Sistema Nacional de Transparencia la diversidad y heterogeneidad del ámbito local no sea negada (ni relegada) a la hora de implementar acciones gubernamentales en materia de transparencia. Sin que sea una reforma política-administrativa en sí -como en su momento lo fueron las reformas municipales de 1983 y la de 1999-, este nuevo marco regulatorio de transparencia asentado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) deberá implicar una reformulación en la forma de operar de los gobiernos y administraciones locales en tanto que los gobiernos locales tiene mayores obligaciones de información para dar cuenta de sus acciones y decisiones.

A partir de mayo del 2016 México se ha integrado a una nueva etapa regulatoria en materia de transparencia y acceso a la información a partir de la entrada en vigor de la LGTAIP y de las leyes locales de transparencia que se armonizaron en razón de ésta, poniéndose en marcha el Sistema Nacional de Transparencia (SNT). El Artículo 70 de la LGTAIP establece 48 obligaciones de transparencia comunes, más otras 7 obligaciones que señalan el Artículo 71 denominadas obligaciones específicas diseñadas para los poderes ejecutivos tanto el federal, como estatales y municipales. A ellas se suman 2 obligaciones más de manera particular a los municipios. En total se establecieron 57 obligaciones para los gobiernos municipales. Se trata además de obligaciones de información que deben estar bajo criterios de contenido, actualización, confiabilidad y de formato (formatos abiertos). En este sentido las legislaturas estatales debieron realizar los ajustes pertinentes a las leyes locales de transparencia, sobre la base de no poder colocarse por debajo de los estándares marcado por la LGTAIP.

En este nuevo marco regulatorio de transparencia los ámbitos locales podrían convertirse en un interesante laboratorio de iniciativas, ajustes e innovaciones que seguramente marcarían buena parte de la innovación en la gestión gubernamental. Desde esta perspectiva se trata de una oportunidad que los diversos actores sociales, gubernamentales, institucionales, políticos y partidistas deben asumir con herramientas y métodos que aprovechen e incluso vayan más allá de lo establecido en las leyes y de los métodos y espacios tradicionales de diseño y toma de decisiones.

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su Artículo 124 señala que además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes (las 57 arriba señaladas), los órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas siguientes: Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten; el calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; así como el presupuesto y acciones para la rehabilitación y mantenimiento de su infraestructura; relación de los integrantes de los comités y subcomités establecidos por la normatividad vigente, actas de las sesiones y sus acuerdos.

Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado. En materia presupuestal, el desglose del origen y destino de los recursos asignados, precisando las cantidades correspondientes a su origen, ya sea federal o local, y señalando en su caso, el desglose de la cantidad que se destinará a programas de fortalecimiento de los Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales.

En el caso de la información sobre programas de ayudas o subsidios, se deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales, sus montos y padrón de beneficiarios; los Programas de Desarrollo Delegacionales, o su equivalente, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; a información desagregada sobre el presupuesto que destinaran al rubro de mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su demarcación territorial.

La Autoridad de las Demarcaciones Territoriales deberá publicar y difundir a través de medios impresos o electrónicos información vigente y actualizada del gasto realizado por concepto de pago de asesorías; publicar domicilio, número telefónico y nombre del responsable del Centro de Servicios y Atención Ciudadana o su equivalente; la publicación del padrón de contralores ciudadanos que participan en los distintos comités de la administración pública de la delegación; la publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del Presupuesto Participativo; y calendario con horarios, número de unidad y teléfonos de servicio de recolección de basura; los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y las certificaciones actualizadas de uso del suelo que se hayan expedido, procurando su georeferenciación o imagen; el padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento de los giros sujetos a las leyes y reglamentos aplicables; el Programa de Seguridad Pública de la demarcación; los proyectos productivos, que en el ámbito de su jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, lineamientos y políticas que en materia de fomento, desarrollo e inversión económica emitan las dependencias correspondientes; los avisos de obra dentro de su jurisdicción; las autorizaciones de los números oficiales y alineamientos; los permisos para el uso de la vía pública; los programas y acciones de apoyo que incentiven de la equidad de género en los diversos ámbitos del desarrollo; los programas y acciones relacionados con la preservación del equilibrio ecológico; la adquisición de reservas territoriales en su caso; y la protección al ambiente, en su ámbito de competencia; calendario de audiencias públicas y de recorridos del titular del órgano político administrativo, alcaldía o demarcación territorial; y el informe de labores presentado ante el Consejo Ciudadano Delegacional.

http://www.aldf.gob.mx/archivo-cf208a5520aee873ce03cf707c7982d0.pdf

A partir de este mes de mayo se inicia una nueva fase de la transparencia nacional y en particular en la escala local. La ciudadanía debemos estar atentos al cumplimiento de todas estas obligaciones. Se deberá exigir que estas obligaciones estén a la vista de la opinión pública y al escrutinio de la ciudadanía.