agosto 9, 2017

Ciudad Abierta: Un enfoque poco explorado en las Delegaciones de la CDMX


Uno de los problemas asociados con la falta de implementación efectiva de leyes en México tiene que ver con el escaso conocimiento que los ciudadanos tienen de ellas y, por consiguiente, su falta de respeto y exigencia. Este parece ser el caso de la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más Abierta, publicada el 7 de octubre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Este ordenamiento tiene por objeto establecer un marco jurídico para mejorar la disponibilidad de información sobre las actividades del Gobierno para toda la población, fortalecer la participación cívica y favorecer el acceso de la población a nuevas tecnologías que faciliten la apertura gubernamental, la rendición de cuentas y la promoción de los Derechos Humanos.

En su artículo 2, esta Ley reconoce el derecho a participar en la conformación, desarrollo y evaluación de sus programas, políticas y acciones de gobierno. Asimismo, establece una serie de definiciones útiles para clarificar términos y facilitar su aplicación tales como apertura, colaboración abierta, gobierno abierto y valor público. Respecto a la definición de gobierno abierto, la Ley señala que es “Modelo de gobernanza colaborativa, que aprovecha la inteligencia de diferentes sectores de la sociedad para tomar mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, servicios públicos y programas gubernamentales, de forma abierta y transparente”.

Del mismo modo, esta Ley establece una serie de principios que permiten guiar las acciones en materia de gobierno abierto que se lleven a cabo en la Ciudad de México tales como el principio de transparencia proactiva, de participación, de colaboración, máxima publicidad, usabilidad, innovación cívica y aprovechamiento de la tecnología, de diseño centrado en el usuario, así como el principio de retroalimentación.

Además, la Ley establece una serie de elementos innovadores para la implementación del Gobierno Abierto, en tanto nuevo modelo de gestión pública.

Así, se cuenta con el Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México el cual es un órgano colegiado, con carácter deliberativo y decisorio, que funge como instancia para el establecimiento de lineamientos, iniciativas, estrategias y políticas en materia de Gobierno Abierto para la Ciudad de México; dicho Consejo está integrado por siete representantes del Gobierno Central, un representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un representante de la Red de Innovadores por una Ciudad Abierta, un representante rotativo de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y tres Consejeros Ciudadanos, representantes de la sociedad civil, todos con derecho a voz y voto. Dadas las características de la Ciudad de México, en la integración de este Consejo destaca el hecho de que las Delegaciones no tienen participación, aun cuando tienen atribuciones, facultades, competencias, responsabilidades y obligaciones específicas en ciertas materias de gobierno y la administración pública.

Otro elemento a destacar de la Ley es el Modelo de Madurez referido como el conjunto estructurado de líneas de acción, niveles de madurez, áreas de evaluación, buenas prácticas y evaluaciones que permiten el avance y perfeccionamiento de la apertura gubernamental en la Ciudad de México. Dicho Modelo permitirá al Consejo revisar y certificar las capacidades y avances de las entidades gubernamentales, en materia de Gobierno Abierto, identificando áreas de oportunidad y estableciendo guías y rutas de mejora que permitan evolucionar a los mismos a través de diferentes niveles de madurez.

Por último, la Ley fomenta la cultura de datos abiertos para la Ciudad de México, por lo cual las Delegaciones, Dependencias, Entidades y Órganos desconcentrados deberán promover el desarrollo de capacidades que favorezcan la explotación de datos, promoviendo activamente el involucramiento de la población.

Como se observa, esta Ley ofrece un marco jurídico en donde se establecen principios y referentes conceptuales, procedimientos e instancias para que los Entes públicos, particularmente las Delegaciones, lleven a cabo acciones que impulsen el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el uso de tecnologías desde un enfoque de Gobierno Abierto. Esta Ley complementa y busca articular las respectivas leyes de transparencia, participación ciudadana y gobierno electrónico existentes en la Ciudad de México. Si bien, el Gobierno Central de la Ciudad de México se ha demorado en la integración del Consejo para el establecimiento de las políticas y lineamientos en la materia, esta Ley ofrece la posibilidad de que la sociedad civil y la ciudadanía se involucren en estos procesos y exijan cuentas a los actores gubernamentales sobre el cumplimento de dichas obligaciones.

A la fecha, no se tiene identificada ninguna acción en materia de gobierno abierto en las Delegaciones de la Ciudad de México, por lo que se abre la oportunidad de explorar este nuevo enfoque para buscar resolver los problemas públicos que afectan a las y los habitantes de la Ciudad y que son competencia delegacional. Para ello, no bastará un marco jurídico específico y robusto, se requerirá trabajar en una serie de condiciones que garanticen la puesta en práctica de este “modelo de gobernanza colaborativa” que permita generar cambios en el aparato gubernamental a escala cultural, de procesos, organizacionales y de relación entre el gobierno y la ciudadanía. Por su parte, desde la perspectiva de los actores sociales, se requerirá generar las capacidades para comprender este nuevo enfoque y participar en esta lógica colaborativa.